Una medida polémica que sacude a la comunidad migrante
El 22 de mayo de 2025, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el megaproyecto de ley presupuestario del expresidente Donald Trump, que incluye la creación de un impuesto del 3,5% sobre las remesas enviadas por migrantes desde territorio estadounidense. Aunque inicialmente se proponía una tasa del 5%, la reducción no apacigua la preocupación de millones de migrantes, especialmente de origen latinoamericano, que sostienen a sus familias en sus países de origen a través de estos envíos.
La propuesta aún debe pasar por el Senado, donde podría sufrir modificaciones. Sin embargo, la aprobación inicial ya genera tensión y temor en las comunidades migrantes, al tratarse de una posible «doble tributación», dado que muchos remitentes ya pagan impuestos sobre la renta en EE.UU.
Ecuador: un país profundamente dependiente de las remesas
El caso de Ecuador es especialmente crítico. En 2024, el país recibió USD 6.539 millones en remesas, equivalentes al 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB), según el Banco Central del Ecuador. El 73,5% de ese dinero provino de Estados Unidos, lo que convierte a este flujo económico en uno de los pilares fundamentales para la estabilidad financiera de cientos de miles de hogares.
Una reducción en el volumen de remesas —ya sea por la carga tributaria o por un cambio hacia canales informales— tendría un impacto directo en el consumo interno, uno de los motores principales de la economía ecuatoriana. Las remesas sostienen el comercio minorista, el pago de servicios, el acceso a la salud y la educación, y dinamizan sectores rurales enteros donde estas transferencias constituyen la principal fuente de ingreso.
Amenaza al sistema formal de transferencias
Además del efecto sobre el flujo económico, el impuesto podría debilitar al sistema formal de envío de dinero. Agencias como Western Union, MoneyGram, y operadores ecuatorianos en ciudades como Nueva York y Nueva Jersey ya advierten que muchos migrantes podrían optar por canales informales para evitar el gravamen. Esto no solo reduce la trazabilidad y la seguridad financiera, sino que también afectaría a pequeños negocios que sobreviven de las comisiones por transacción.
“Cada envío cuenta”, explica Mauricio Lema, trabajador de una agencia en Nueva Jersey. “Si baja el volumen, nos afecta directamente”.
Repercusiones macroeconómicas para Ecuador
La reducción de remesas podría derivar en una menor circulación de dinero en la economía ecuatoriana, lo que impactaría en la recaudación fiscal, el consumo interno, y las condiciones sociales. Regiones con alta migración como Azuay, Loja y Cañar serían las más golpeadas, aumentando los niveles de pobreza, endeudamiento y presión sobre los servicios sociales del Estado.
Asimismo, si más migrantes optan por enviar dinero por vías informales, se reducirán los ingresos bancarizados del país, afectando la balanza de pagos y complicando los esfuerzos del gobierno por atraer inversión y mantener la estabilidad monetaria.
Un impuesto con efectos multiplicadores en la economía ecuatoriana
Más allá de una medida fiscal en Estados Unidos, este impuesto representa un potencial golpe estructural para la economía ecuatoriana. De aprobarse en el Senado, se convertiría en una política que perjudica directamente a las familias más vulnerables y genera distorsiones en el sistema financiero transnacional.
Ecuador, ante este escenario, debe prepararse con estrategias diplomáticas, protecciones sociales y opciones para mitigar el impacto económico que podría producir esta nueva legislación.
