La calificación de riesgo pasa de “negativa” a “estable”
La calificadora de riesgos estadounidense S&P Global Ratings revisó su perspectiva para Ecuador, elevándola de “negativa” a “estable”, aunque mantuvo la calificación crediticia en B-.
El ajuste refleja una mayor confianza de los mercados en la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras en el corto plazo. De acuerdo con la firma, el respaldo de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), será clave para reforzar la liquidez y permitir al Gobierno atender los vencimientos de deuda externa previstos desde 2026.
El papel del FMI en la estabilidad económica
En junio de 2025, el FMI amplió el programa de financiamiento con Ecuador, aumentando la línea de crédito de USD 4.000 millones a USD 5.000 millones. Posteriormente, en julio, el país recibió un desembolso de USD 600 millones, luego de que el Gobierno de Daniel Noboa aprobara la segunda revisión de metas dentro del Servicio Ampliado del FMI (SAF).
Con este último desembolso, Ecuador ya ha recibido USD 2.100 millones desde mayo de 2024, cuando se firmó el acuerdo inicial. Este financiamiento internacional brinda oxígeno a las arcas fiscales y fortalece las reservas internacionales, que pasaron de USD 4.200 millones en enero de 2024 a USD 8.600 millones en agosto de 2025.
Riesgo país a la baja y confianza en los mercados
La mejora de la perspectiva crediticia vino acompañada de una significativa reducción del riesgo país, que bajó a 772 puntos al 20 de agosto de 2025, frente a los 1.908 puntos registrados antes de la segunda vuelta electoral de abril.
Un riesgo país más bajo implica que el Ecuador se percibe como un destino menos riesgoso para la inversión, lo que abarata el financiamiento externo y abre la posibilidad de acceder a créditos en mejores condiciones.
Según el economista Freddy García, “el riesgo país nunca ha tenido nada que ver con seguridad o salud. Simplemente mide la capacidad y credibilidad del Gobierno para cumplir con su deuda”.
El reto del ajuste fiscal
La calificadora también advirtió que la sostenibilidad de esta mejora dependerá del compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal.
El acuerdo con el FMI establece un ajuste equivalente al 6,6% del PIB entre 2024 y 2028, que incluye:
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Incremento del IVA al 15%.
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Reducción de subsidios a electricidad y combustibles.
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Eliminación de exenciones y exoneraciones tributarias.
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Mayor eficiencia en el gasto público.
Sin embargo, S&P advierte que el 97% del gasto estatal es rígido (sueldos, pensiones, subsidios e intereses), lo que limita el margen de maniobra para recortar.
Perspectivas y desafíos
Aunque la nueva perspectiva “estable” supone un voto de confianza para el Gobierno de Noboa, la calificadora advirtió que podría rebajar la nota en los próximos 6 a 12 meses si no se logran avances en la disciplina fiscal.
Además, factores como el cierre ambiental del bloque petrolero 43 (ITT), que representa el 13% de la producción nacional, y los próximos vencimientos de deuda a partir de 2026, representan riesgos para la estabilidad financiera del país.
En paralelo, el Ejecutivo busca compensar la caída petrolera con mayor producción en el campo Sacha y el impulso a nueve proyectos mineros, que podrían atraer hasta USD 11.000 millones en seis años.
¿Qué significa para los ciudadanos?
Aunque la mejora crediticia no implica un beneficio inmediato en el bolsillo de los hogares, sí permite al Estado acceder a financiamiento más barato, lo que en teoría reduce presiones fiscales y abre espacio para inversión.
No obstante, los ajustes exigidos por el FMI –como la reducción de subsidios y las reformas tributarias– tendrán un impacto directo en los ciudadanos, que ya enfrentan un crecimiento económico débil. El PIB per cápita se mantiene estancado en torno a USD 7.100, prácticamente igual al de hace una década.
✅ Con esta mejora, Ecuador gana oxígeno financiero y confianza internacional, pero el verdadero desafío será cumplir con el ajuste fiscal sin sacrificar el crecimiento económico ni el bienestar social.
